Tras la reciente aprobación de la reforma estatal del sistema de protección a la

infancia y la adolescencia, ha llegado el momento de que la administración andaluza no sólo actualice su normativa, sino que apueste por una reforma profundamente social y de progreso, que coloque a Andalucía en la vanguardia del resto de comunidades autónomas en cuanto a medidas y recursos de protección.

La Plataforma de asociaciones de familias de acogida y colaboradoras andaluzas, integrada  por  las  asociaciones  “En  Familia  por Derecho”  (Almería),  “Familias  Solidarias” (Cádiz), “Mírame” (Córdoba), “Crecer Juntos” (Granada), “Abrázame” (Sevilla), “FamiliAcoge” (Jaén)   “Acompáñame” (Huelva) y “Acógeles”, realizamos a la Junta de Andalucía las siguientes propuestas, con el objetivo de lograr una mejora sustantiva del sistema de protección a la infancia de nuestra Comunidad:

1. Una reforma de la normativa andaluza que, recogiendo los cambios a nivel estatal, vaya mucho más allá, respondiendo a la realidad del acogimiento en nuestra Comunidad y apostando decididamente por medidas estables y familiares para todos los menores, independientemente de su edad. Aunque la nueva ley priorice el acogimiento familiar de 0 a 6 años, no es menos verdad que en Andalucía, la edad de los menores en acogimiento residencial es mucho mayor, y necesitan también una respuesta a su situación ante la perspectiva de vivir institucionalizados hasta alcanzar la mayoría de edad.

2. Una mayor participación de las familias y de sus asociaciones a nivel provincial en la mejora del sistema de protección, mediante mesas sectoriales o grupos de trabajo en los que participen las ICIF, la administración y las asociaciones de familias acogedoras, convocados a petición de una de las partes y con al menos una periodicidad semestral. Aunque esta participación se está produciendo en algunas provincias como Málaga, Córdoba o Almería, pensamos que ésta debe ser la dinámica habitual en toda la Comunidad.

3. Un aumento del presupuesto del programa de “Atención a la Infancia” acorde con las necesidades de los menores, los centros y las familias. La inversión de la Junta de Andalucía para este programa resulta insuficiente. Y aunque el Ministerio se haya negado a acompañar la reforma estatal con una partida presupuestaria, consideramos necesario que la administración andaluza aumente el gasto social en este sector durante los próximos años.

4. Un impulso decidido del acogimiento familiar, garantizando las ayudas económicas para todas las modalidades de acogimiento, consideradas como un derecho del propio menor a tener unas condiciones mínimas de bienestar. No se puede penalizar el acogimiento de varios menores, con la reducción de las prestaciones básicas a las que tienen derecho. Será para todos los menores de igual cantidad; es más, proponemos un incentivo por acoger a varios   menores   como   se   hace   en   otras   comunidades   autónomas.   Por   otro   lado, consideramos también que las ICIF deben tener recursos suficientes para atender al número real de menores de cada provincia, de modo que el apoyo a las familias quede garantizado durante todo el proceso.

5. Una tutela efectiva de los menores en acogimiento familiar o residencial por parte de la administración andaluza, garantizando el acceso y la cobertura económica por parte de la administración a aquellos bienes y servicios no contemplados en becas u otras ayudas estatales:   gafas,   prótesis,   dentista,   logopedia,   medicamentos,   mobiliario   adaptado, comedor, aula matinal, actividades extraescolares y asistencia psicológica.

6. Potenciar los programas de acogimiento profesionalizados y de urgencia dotándolos de recursos  y  derechos  laborales,  con  una  retribución  equiparable  a  los  profesionales  del sector, aumentando a su vez el nivel de cualificación y formación de las familias. Consideramos también necesario que el acogimiento de urgencia pueda prorrogarse hasta los 9 meses cuando el interés superior del menor lo precise,  sin merma en las ayudas económicas  establecidas  para  esa  modalidad  de  acogimiento.  Y  que  si  la  situación  se prolonga aún más, obligando a la familia a un cambio temporal de modalidad, se sigan manteniendo las prestaciones económicas.

7. Una apuesta decidida por al acogimiento familiar de adolescentes, que son el sector con menos posibilidades de vivir en familia de acogida o pasar a adopción, promoviendo el acogimiento especializado o profesionalizado, y el recurso de familias colaboradoras (estancias  de  fines  de  semana  y  vacaciones),  cuya  regulación  urgente  solicitamos.  Las familias colaboradoras ofrecen una puerta abierta a los adolescentes para encontrar un referente familiar normalizado mientras permanecen institucionalizados. Y para que este recurso  funcione,  resulta  imprescindible  una  regulación  que  clarifique  los  derechos  y deberes de los menores y las familias que los acogen, garantizando el asesoramiento, el seguimiento y los recursos que necesiten.

8. Mayor reconocimiento de los derechos de cada familia de acogida a nivel individual por parte de la administración y de las instituciones colaboradoras de integración familiar, estableciendo cauces de diálogo, audiencia, información y colaboración, resolviendo con celeridad y por escrito las quejas y sugerencias que presenten en defensa de sus derechos y de  los  menores  acogidos  a  su  cargo.  Otorgar  también  asistencia  jurídica  gratuita  a  las familias de acogida en el ejercicio de sus funciones respecto de los menores acogidos.

9. Crear programas de emancipación realistas y eficaces, que protejan a los jóvenes acogidos en centros y familias acogedoras al menos hasta los 25 años, permitiéndoles también cursar estudios superiores, facilitándoles también el acceso al mundo laboral y dotándoles de recursos para ello. A los menores que se encuentran en familias de acogida, y que desean seguir en ellas, al alcanzar la mayoría de edad, garantizarles los mismos derechos que a cualquier hijo biológico.

10. Establecer cauces de coordinación transversal entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y otras administraciones (Educación, Sanidad, Hacienda…), con objeto de facilitar la labor de las familias, garantizando determinado beneficios (plazas escolares, comedor, etc.) y protegiendo el acceso a los datos de los menores tal y como ocurre con las personas víctimas de violencia de género.